Reflexiones Peruanas Nº 99 - Wilfredo Ardito Vega
Hace algún tiempo, entre los escaparates del Plaza Vea de Jesús María escuché que una chica con uniforme de colegio le preguntaba a una compañera suya:
-¿Cómo se llama esta marca de leche?
-Soyandina.
-¡Ja, ja, ja! ¡Has dicho que eres andina! –y estalló en carcajadas. En realidad, “ser andino” sigue siendo motivo de burla y no solo entre los colegiales limeños. Recuerdo que, en la universidad, una manera de mofarse de alguien era abrazarlo el 24 de junio y decirle “¡Feliz Día!”. Para denominar a una persona tonta o incompetente se usa todavía un apellido típicamente andino: “¡Qué Huamán!”. Una expresión más reciente, que demuestra cómo muchos jóvenes reeditan el racismo de sus padres, es “¡Qué cholo!” como sinónimo de algo improvisado o poco moderno.
Lo más lamentable es cómo la propia población afectada ha interiorizado este tipo de expresiones. De hecho, la primera vez que escuché la palabra llama como ofensa a una persona andina no fue en labios de ningún limeño racista, sino entre las alumnas de un colegio religioso de Huancayo.
Las expresiones racistas no son ajenas a los medios de comunicación como ocurre en programas televisivos que se pretenden cómicos o en el diario Correo, donde un columnista suele comparar a los indígenas andinos con animales y ha señalado que a Evo Morales no se le puede declarar persona no grata, porque no es una persona, sino un indio. Inclusive estos comentarios están presentes en dirigentes políticos, como el congresista Antero Flores Araoz, quien declaró a principios de mes que era absurdo consultar a “las llamas y vicuñas” sobre un tema tan importante como el TLC.
Si el racismo en el Perú fuera solamente un asunto de expresiones ofensivas, la situación ya sería bastante grave. Sin embargo, lo más dramático es que se refleja en las políticas públicas. Por ejemplo, tres días después de su lamentable comentario, Flores Araoz consiguió que los peruanos que él considera “llamas o vicuñas” no pudieran expresarse: como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, votó, con otros cuatro congresistas, por rechazar el proyecto de ley en el que 100,000 personas habían solicitado al Congreso convocar un referéndum sobre el TLC.
Ellos inclusive dispusieron impedir que el pleno del Congreso debatiera el proyecto, en clara vulneración de la ley sobre iniciativas legislativas ciudadanas. La posición en favor de estas decisiones fue sustentada por Carlos Ferrero, quien, sin molestarse en argumentaciones jurídicas, se limitó a señalar que los promotores del referéndum eran personas que profesaban un odio ideológico a los Estados Unidos.
Ferrero no es tan tosco como Flores Araoz al expresarse respecto a los peruanos de ascendencia indígena, pero su percepción es aún más negativa: él ha insistido en que debe terminar la abusiva apropiación de millones de hectáreas por parte de las comunidades campesinas y nativas, impiden la inversión privada. Mientras en otros países latinoamericanos se habla de la deuda social hacia la población indígena, él plantea que a los peruanos más pobres se les despoje aún de lo poco que tienen.
Resulta paradójico que las víctimas de la exclusión, la violencia política, las esterilizaciones forzadas, las mismas personas que ni siquiera pueden obtener su DNI por falta de dinero, sean considerados como una amenaza al bienestar social. De hecho, desde Huaraz hasta San Gabán, quienes protestan contra los perniciosos efectos de esta política enfrentan la represión más brutal, incluyendo las catorce muertes ocurridas durante este régimen.
No se trata, entonces solamente de Carlos Ferrero. Muchos funcionarios públicos comparten sus percepciones, como lo han evidenciado en 16 años de una política económica que permite a una empresa minera inglesa ocupar impunemente las tierras de dos comunidades piuranas, mantiene a los niños de La Oroya a merced de la contaminación y ha dejado a 5 millones de personas al margen de los servicios de salud.
La continuidad de esta política excluyente está asegurada en buena medida por el TLC. A quienes vivieron con emoción, entusiasmo o angustia las elecciones presidenciales, habría que decirles que este tratado ata de manos a las futuras autoridades respecto a problemas ambientales o cualquier otro asunto que pueda afectar los intereses de las empresas de los Estados Unidos. Si osan tocarlas, éstas podrán acudir a tribunales arbitrales en el extranjero que deciden en sesiones secretas. Con el TLC, por ejemplo, casos como el de La Oroya serían aún más difíciles de enfrentar.
En realidad, para Ferrero, Flores Araoz o los otros congresistas que piensan aprobar este tratado, sus efectos negativos son asuntos muy lejanos, desde la contaminación minera hasta la ausencia de medicamentos genéricos. Los más perjudicados serán nuevamente los más excluidos. Ojalá en el Perú, el racismo sólo fuera cosa de bromas y no de un sistema al cual el calificativo democrático le queda demasiado grande.
